I. Introducción

En Argentina, en juniodel 2020, se creó el registro nacional de trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Para octubre, 1.025.285 de personas se habían inscripto, de los cuales el 57% eran mujeres[²]. Se calcula que hay alrededor de 6.000.000 de trabajadores y trabajadoras de este sector[³]. No es novedoso decir que las mujeres sufrimos múltiples desigualdades y opresiones, en la distribución de los ingresos vía en el mercado laboral, en la distribución de los ingresos vía políticas sociales, en la sub representación de los puestos de la política, en las formas en que somos tratadas de forma violenta a razón de nuestro género (Arruzza, et al., 2019). En el caso de las mujeres que trabajan en la economía popular cada una de estas subordinaciones se entrelazan y profundizan en la pandemia del COVID19, proceso que no carece de resistencias por parte de ellas. Aquí se hará referencia no tanto a las condiciones sociodemográficas sino a los procesos políticos que hacen de estas mujeres el nombre de un “sujeto(a) político(a)”.

En el 2019, se creó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTTEP), compuesta por una serie de organizaciones que reclaman el reconocimiento de este sector del trabajo, entre las que se destacan la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán. Esto es producto de un proceso de articulación que tuvo como resultado la emergencia de un colectivo singular, a saber, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Estos se autoidentifican como aquellos que “no tienen patrón y no tienen salarios”, lo que en la jerga sociológica se denomina en parte como autónomos (no profesionales) o trabajadores informales sin relación de dependencia.

El contexto de emergencia de la UTTEP se realizó en el contexto de cambio de gobierno en Argentina, de uno con orientación “neoliberal” a otro de perfil “nacional popular” más afín a estas. De hecho, parte de sus referentes y referentas se convirtieron en funcionarios y funcionarias públicas. Pero, la UTTEP no fue sólo producto de una estrategia circunstancial. Los antecedentes de la producción de estas asociaciones e identidades se remontan al movimiento piquetero que estaba conformado por múltiples organizaciones de desocupados y desocupadas en la década de los noventa. Como antecedente más cercano se puede señalar la creación de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la cual nació en el 2011 con el objeto de agrupar a ese conjunto de organizaciones previamente denominadas de “trabajadores desocupados” o “piqueteros”, produciendo un cambio en las formas de identificación de éstos y éstas (Muñoz, 2018, 2019a). En el 2019, las alianzas que se venían generando con otras organizaciones como Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entre otras, se tradujo en esa organización, la UTTEP.

Si la novedad de la CTEP fue el cambio en las formas de identificación, es decir, de “desocupados piqueteros” a “trabajadores agremiados”, en la UTTEP uno de los componentes singulares fue la dimensión de género incorporada a la organización. De hecho, en su creación se anunció que habría una conducción paritaria en materia de género. En el acto de lanzamiento, la referenta del Frente Darío Santillán, Dina Sánchez, sostuvo que:

"Uno de los desafíos que tiene este sindicato es el protagonismo de nosotras en este sindicato. Compañeras, así como tenemos un protagonismo en nuestros barrios, en nuestros comedores, en nuestros merenderos y en los espacios de cuidados, ¡también tenemos que tener espacios en donde haya representación y decisión porque estamos convencidos que este sindicato va a ser uno de los sindicatos más grandes de la Argentina! (…

Estamos trabajando por un sindicato fuerte, feminista y profundamente democrático.^[4]

Esta producción de un nuevo lugar de enunciación no sólo expresa una novedad dentro de las organizaciones de la economía popular. Los feminismos han tenido un enorme protagonismo en la escena pública, en el país austral y en la región, durante el giro a la derecha o conservador latinoamericano, demandado políticas públicas contra la violencia de género, sosteniendo la igualdad de las mujeres y las disidencias, exigiendo el derecho al aborto gratuito y seguro (Natalucci, et al., 2020; Morales et al ., N2020). En este sentido, nuevas formas de subjetivación políticas se producen a la luz de estas experiencias. En este artículo se trabajará sobre la hipótesis de que estas trabajadoras de la economía popular proponen una forma singular de presentación de demandas, antagonismos y proyecto social, que se diferencia de los colectivos de referencia que se han nombrado, el movimiento feminista y el movimiento de trabajadores de la economía popular.

En los siguientes apartados se reflexionará sobre esta categoría y los conceptos claves que la rodean desde la perspectiva pos-estructuralista. Posteriormente se analizarán las escenas polémicas producidas por las trabajadoras de la economía popular, las formas en que construyen alianzas estratégicas en el proceso de producción de un antagonista para finalmente reflexionar en torno a los espacios de aparición de este “des-identidad”. Finalmente, se realizan una serie de conclusiones.

II. La categoría de subjetivación política y sus aspectos problemáticos

Aquí se utilizará la categoría de subjetivación política diferenciándose de los conceptos de subjetivación que hacen referencia a un sujeto sujetado a condiciones estables y/o relaciones sociales estructurales o un sujeto que ya ha conquistado una emancipación plena[⁵]. Es importante esta aclaración porque hay una discusión muy importante en torno a la producción de subjetivación como formas de producción de individuos interpelados o dominados (según la escuela a la que se esté haciendo referencia) por la estructura (Tassin, 2012)

Rancière (1995, 2000) es uno de los que se distancia de esta comprensión, aunque más adelante se señalarán algunas dificultades que surgen de su reflexión. Él entiende la categoría de subjetivación política como un proceso de formación de un colectivo o nombre impropio que interrumpe la lógica de ordenación social, a través de prácticas guiadas por la presunción de la igualdad. Se pueden señalar varias dimensiones y asociar varios conceptos para entender mejor esta categoría.

La categoría hace referencia a la producción de un nombre impropio porque supone un proceso de des-identificación o desclasificación social. Dicho de otra manera, la subjetivación política implica un momento de negatividad del orden social, de rechazo de un conjunto de relaciones sociales a través de prácticas que prefiguran futuros. En este sentido, no se está refiriendo a la constitución de una identidad ni a un conjunto de valores específicos que delimitan un grupo social. Más bien, supone la formación de un antagonismo en un sentido específico. “Es la formación de un uno que no es un sí, sino la relación de un sí con otro” (Rancière, 2006, p. 21).

La existencia de un sujeto político colectivo no se define por su posición en el modo de producción, ni por una serie de características sociales, sino por estar juntas dos condiciones políticas: la negación de un conjunto de relaciones a través de prácticas que las interrumpen, constituyendo un proyecto en la forma de un mundo alojado en otro. Si la ordenación social asigna un lugar y una función que daña la igualdad, entonces, su práctica colectiva está ligada al tratamiento de esto a partir de constituir un “ser por venir”, una des-identificación de los roles asignados y una identificación “imposible” con un orden social que todavía no es. Aquí vienen a colación, las discusiones acerca de la precariedad de la vida de Butler (2019) y los marcos de alianza. Ella sostiene que la precariedad:

Designa la condición impuesta políticamente merced de la cual ciertos grupos de la población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros y en consecuencia están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte (p. 40)

Para ella, la precariedad conforma muchas veces un eje de alianza política para la emergencia de aquellos que no tienen más en común que ésta y, por tanto, emergen como un cuerpo común. Estos “cuerpos aliados” en la lucha política buscan “reconocimiento” que no se reduce a la búsqueda de la identidad fijada sino a los procesos de (des) identificación descriptos.

Esta idea de reconocimiento ha sido criticada en tanto pareciera ser la operación por la cual se busca inclusión a partir de identidades ya establecidas. Por ejemplo, Fraser (2016) discutía que hay luchas políticas que no buscan reconocimiento sino redistribución social, lo que implica un cambio total de las relaciones que reconfigura también las partes en disputa. No obstante, acá se entiende que las luchas por el reconocimiento, suponen la reconfiguración del total o del universo que está en disputa (sus partes, el escenario, lo que se discute) en conjunto con la construcción de una subjetividad que niega la identidad asignada socialmente, fijada por la “lógica policial” y/o por la “precarización” de la vida.

Si bien aquí no podemos extendernos en esta discusión, en el concepto de subjetivación política, el componente de negatividad se demuestra en un proceso de construcción de un potencial futuro. Es decir, en el proceso de presentación de demandas, como lo ha señalado Laclau, se demuestra los límites del sistema, pero a la vez, se propone una positividad o una “plenitud imposible”. Aquí se sostendrá que la producción de una subjetividad política es doble, en la operación de demostrar el daño a la igualdad o la precariedad, se producen a la vez prácticas que suponen la igualdad en la ocupación de espacios, en la performatividad de las acciones, etc. Este es el sentido de “estamos juntos porque estamos entre” (Rancière, 1995, 1996 p.26).

Como se deduce de lo anterior, la categoría de subjetivación política, como proceso asociado a las prácticas lingüísticas y no lingüísticas, siempre implica un grado de demostraciones públicas hacia y en donde se construye un otro antagónico.

En este sentido, hay que tener en cuenta que se trata de construir un espacio común, o una escena polémica, con otro colectivo que no comparte nada más que la relación antagónica. Aquí, el desarrollo de Laclau del concepto de antagonismo resulta esclarecedor.

El antagonismo tiene, por tanto, una función revelatoria. Por un lado, el momento de institución identitaria transforma a un objetivo óntico en símbolo de mi posibilidad de ser; pero, por el otro, la presencia de la fuerza antagónica muestra el carácter contingente y de mero investimento del investimento identitario. Paradójicamente, la estructuración interna de la identidad se muestra a través de aquello que la interrumpe y limita (Laclau, 2014, p. 150)

En este sentido, el antagonismo es productivo, en tanto permite la formación de des-identidades que hacen a la dinámica política de la vida en las sociedades. Sin la producción de este tipo de subjetivaciones, ¿sería posible el cambio social orientado a las emancipaciones?

El antagonismo supone “la relación entre fuerzas enemigas, de modo tal que la negatividad pasa a ser un componente interno de esa relación. Cada fuerza niega la identidad de la otra […] La presencia del enemigo me impide constituir mi propia identidad” (Laclau, 2014, p. 133)^[6] Desde este punto de vista se trata de “identificaciones políticas”, o dicho de otra manera, de un proceso de subjetivación política que no puede explicarse a través de una lógica racional y de continuidad de las partes en disputa o competencia, sino proyectos antagónicos que sólo tienen fundamento a través del doble proceso de investimento negativo y positivo, des- clasificación, de demanda y de propuesta (Muñoz, 2019b) .

Antes de avanzar sobre el caso particular, es importante aclarar que suele analizarse el proceso de subjetivación política a partir del análisis del discurso, pero es poco común hacerlo desde las prácticas significativas. No obstante, para avanzar sobre la investigación en particular se utilizó una triangulación en las técnicas, de análisis de discurso de intervenciones de las trabajadoras de la economía popular, observación participante y análisis de propuestas de políticas públicas. A partir de los recursos proveídos por el Ministerio de Ciencia y Técnica se realizaron entrevistas en profundidad a trabajadoras y se realizaron actividades de formación e intervención entre enero del 2016 a agosto de 2020, teniendo como protagonistas a las trabajadoras de la economía popular.

III. La producción de una escena polémica

Es importante señalar que los procesos que se describirán a continuación se corresponden mutuamente, es decir, se pueden separar sóoa los efectos de la exposición. El primero está relacionado con la producción de un nombre “político”, “impropio”, articulado a nombres políticos más amplios. Este nombre las trabajadoras de la economía popular se articulan a un proceso de desclasificación y clasificación imposible. En segundo lugar,ese nombre está asociado a la dimensión de la argumentación polémica centrada en la demostración del daño que se demuestra en el proceso de producción de demandas y “proyectos”. En tercer lugar, de un sistema de alianzas que presiona sus propias des–identificaciones y que le permite producir prácticas antagónicas.

La auto nominación de “trabajadoras de la economía popular” es parte de proceso político de construcción colectiva y es muy costoso incluso dentro de las organizaciones. Es importante señalar, nuevamente, que ese nombre singular nose reduce a una categoría socio - demográfica o a una identidad social. En el siguiente párrafo se puede observar las declaraciones de las mujeres de la CTEP, a raíz del paro internacional de mujeres.

Somos trabajadoras y nos duele cuando nos invisibilizan, cuando no reconocen que las tareas que realizamos son trabajo. Porque mantenemos la ciudad limpia y reciclamos la basura, garantizamos que la verdura llegue a tu mesa, somos guardianas de nuestras comunidades y hemos hecho nuestras redes cloacales, de pavimentación, somos promotoras de salud, enfermeras, socorristas, acompañamos a los pibes con problemas de adicción, a niños y niñas, ancianos y ancianas, trabajamos en talleres textiles, nos levantamos bien temprano para salir a vender, llueva o truene. (...) Porque nos habían expropiado de la capacidad de producir con nuestras manos, de crear nuestras propias vidas. Porque pensaban que nos habían sacado la dignidad, el trabajo. Pero nosotras no lo permitimos. Somos las excluidas del trabajo formal, las que no gozamos de los derechos del resto de las trabajadoras, las que sostenemos en profundidad la reproducción de la vida, las más explotadas por el sistema capitalista y patriarcal. Por eso este 8 de marzo vamos a marchar junto al resto de las trabajadoras, en unidad con todas las centrales sindicales (Pronunciamiento colectivo, febrero, 2017).[⁷]

Esta pronunciación se realizó a partir de una asamblea de trabajadoras en la capital del país y donde la redacción fue colectiva. El nombre de “trabajadoras” otorga unidad más allá de la discrecionalidad o división de las organizaciones que como se dijo son muchas, pero a la vez les permite distinguirse de otros colectivos. Lo interesante es que la definición de “quien se es” colectivamente contiene un rechazo a través de la producción de una solución que es global (la exclusión del mercado de trabajo y de los derechos se lo articula con un conjunto de actividades que tiene que ver con la reproducción de la vida)Se busca mostrar la desigualdad en el contexto de una operación supernumeraria, la explotación y la invisibilización se articula con el rol de productivo/reproductivo de sus tareas señaladas como trabajo pero que impactan sobre el conjunto de la sociedad.Esta estructura de producción de un nombreno se reduce a esa simple intervención, sino que se sostiene en el tiempo en las prácticas lingüísticas y no lingüísticas que tienen que ver con la formulación de demandas y proyectos.

Por ejemplo, en el 2019 presentaron, desde diferentes organizaciones de la economía popular, la Ley de Independencia Económica y Habitacional para víctimas de violencia de género, que si bien no fue sancionada y es proyecto de ley, expresa una serie de posiciones.La propuesta fue la creación de refugios y Casas Sin Violencia en todo el territorio nacional, un subsidio habitacional y asistencia económica para mujeres en situación de violencia y un plan nacional que permita formar a 100.000 promotoras territoriales para la prevención de la violencia de género. Esto último fue generado desde el Estado como política pública y la mayoría de las organizaciones de la economía popular impulsan a sus trabajadoras como promotoras.^[8]

Las mujeres somos las que más padecemos a partir de la crisis. Esta es una propuesta superadora para que la situación de las compañeras cambie: por ejemplo, uno de los puntos centrales de esta ley es la independencia económica y la posibilidad de retomar el derecho negado desde la existencia de todas nosotras, que es el derecho a la vivienda. Esta ley no es solamente para las trabajadoras de la economía popular, sino también para aquellas mujeres del sector formal y precarizado.[^9]

De nuevo, en esta frase de una referenta en relación a la ley de las trabajadoras de la economía popular se vuelve a ver la producción de un lugar de enunciación novedoso que se extienden al resto de las mujeres en calidad de trabajadoras.

Durante la pandemia del Covid19[¹⁰], la situación de la violencia se agrava producto a la doble presión de “estar en la casa con el opresor” y las condiciones en las que viven las mujeres de la economía popular.

En las siguientes enunciaciones de un spot se observa la misma estructura que se viene desarrollando. Pero aquí se introducirá la reflexión en torno a la producción singular del “daño”.

Las mujeres y las disidencias nos vemos sometidas, no sin resistir, a múltiples violencias que tienen que ver no solamente con la estructura de los barrios populares sino con una estructura perversa quenos sostiene invisibles ante la formalidad económica. Uno de los mayores logros del feminismo popular ha sido no solamente poner en acción estas redes de solidaridad sino hacer circular la palabra, con relevamiento puerta a puerta (por las promotoras de género) la mirada atenta en los comedores y merenderos, en las postas sanitarias, acompañando a nuestros adultos mayores tratando que en nuestros barrios populares no sean solamente sujetos de cuidado de las vecinas, sino que las redes socio comunitarias puedan acompañar eso. (Marina, La dignidad, Mesa Nacional UTTEP).

Las trabajadoras de la economía popular venimos trabajando varias cuestiones (en la pandemia). Una de las cuestiones es la violencia, ya que ha crecido mucho en la situación de pandemia. Nuestras compañeras al estar aisladas se sienten más solas y tuvimos que empezar a tejer diferentes redes. Un acompañamiento más particular, casa por casa, de vínculos más cercanos” (Zulma, Movimiento Evita San Martin UTTEP)[¹¹]

Este spot del 2020 pone en el centro de la escena cómo las mujeres de la economía popular están afectadas, en el contexto de la pandemia, a múltiples situaciones que agravan la violencia de género. En primer lugar, señalan las viviendas en condiciones de hacinamiento y los barrios con difícil acceso a los servicios básicos. En segundo lugar, describen las experiencias laborales precarias. Allí es donde las trabajadoras de la economía popular se diferencian del resto, la precariedad (en el sentido de Butler) tiene múltiples mecanismos a los cuales enfrentan a través de la producción de prácticas que se orientan a la solución más allá de las trabajadoras. En este sentido, la precariedad es parte de la argumentación polémica con un orden policial injusto y a partir de una significación particular que le permite diferenciarse de otros colectivos políticos, otros nombres impropios.

En una publicación que se generó a raíz de las estrategias de las organizaciones sociales en el contexto de pandemia. Se detalla cómo las trabajadoras de las organizaciones de la economía popular, en conjunto con líderes o referentas del movimiento feminista “marplatense”, desarrollaron espacios de coordinación en 33 áreas del Partido de General Pueyrredón (cubriendo casi toda el área geográfica), con el objeto de combatir la violencia de género a través de la contención de las personas en esa situación. También se realizaron sostenidas en prevención y, sobre todo, se impulsaron formas de contener alimentariamente e incluir en el programa “Potenciar Trabajo” a mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y LGTBI+ (Muñoz, 2020) En este sentido, se apropiaron de las políticas públicas (alimentarias, laborales, de combate a la violencia, judiciales, etc.), no para meramente “administrar” en los barrios, sino para generar sus propias prácticas asociadas a las polémicas señaladas.

Es por ello que, en la producción de una subjetividad política, la precariedad debe construirse. Esta no es un simple dato de la realidad sociodemográficas, ni tampoco se restringe a un través del proceso lingüístico, sino que es sobre todo, un conjunto de prácticas que crean relaciones sociales alternativas a la hegemónica. Es sabido que la economía feminista señala que las mujeres tienen más probabilidad de ser pobres tanto por su lugar en las formas de organizaciones de los cuidados y trabajos reproductivos como por las formas de ingreso al mercado laboral y a la economía popular (Federici, 2018;Gago, 2019). Pero no solamente esto, sino también a sufrir acoso, maltrato, y ser asesinadas, etc. (Segato, 2016). A este proceso estructural, las mujeres que militan en las organizaciones de la economía popular lo significan de manera singular. Por ejemplo, se auto designan como “feministas populares”, donde la “opresión de clase” y de “género”, se re-articula una posición en torno a la cuestión del trabajo. Una de las consignas que presentan es “sin tierra, techo y trabajo, no hay ni una menos”. Si una de las discusiones del feminismo en relación con el trabajo es que se le ha asignado a la mujer el lugar de los trabajos no valorizados, el reclamo de las mujeres de la economía popular es que también se trata de señalar el lugar en los trabajos “productivos” desvalorizado. O mejor aún, se trata de poner en evidencia este “borramiento” entre los trabajos reproductivos y productivos. En este sentido, la posición estructural que rechazan combina las condiciones económicas con las condiciones de género, señalando al “patriarcado” y al “neoliberalismo” como aquel que produce las condiciones de subordinación y dominación.

IV. Conclusiones

El nombre de los trabajadores en la economía popular representó innovación en las formas de identificación política en Argentina (comparado con el movimiento piquetero o de trabajadores desocupados); pero, las trabajadoras representaron otra novedad. Estas fueron constituyendo espacios de intervención y representación dentro de las organizaciones, demandas específicas asociadas al género y al trabajo, acciones compartidas con organizaciones feministas compartiendo demandas o simplemente “apareciendo” en el espacio público, produciendo lugares de enunciación y acciones novedosas dentro de las organizaciones. En este sentido se produjeron prácticas que marcaban un nuevo lugar de enunciación que no estaban previstos ni en las organizaciones, ni en las políticas públicas, ni siquiera las que tenían perspectiva de género.

En este sentido, esas nuevas formas de aparición surgieron gracias a procesos imbricados asociados a la emergencia del movimiento feminista, el movimiento de trabajadores de la economía popular y las políticas públicas tanto restrictivas como posibilitadoras. Se señaló la participación de las trabajadoras en las actividades asociadas a los paros internacionales de mujeres, a las prácticas asociadas al combate a la violencia de género o al encuentro nacional de mujeres.

En cada espacio participaron articulándose en la diferencia, a partir de construir demandas y proyectos societales deseables. Al mismo tiempo, las políticas asociadas al salario social complementario u otros programas de empleo, permitieron que las trabajadoras crearan las guarderías comunitarias y espacios de cuidados comunitarios como una forma de disolver la división desigual en las tareas de cuidados.

Se puede observar la descomposición de los límites entre trabajos productivos y reproductivos como eje de la estrategia, interrogando al sentido hegemónico del trabajo (asalariado, productivo, masculinizante). Dicho de otra manera, las trabajadoras de la economía popular ponen en cuestión las múltiples presiones en sus jornadas de trabajo, la de la captación de ingresos, la del trabajo comunitario y la asociada al hogar, a lo reproductivo o sostenibilidad de la vida.

Una forma de comprensión de la subjetivación política desde la perspectiva ranceriana, aunque también pareciera estar presente en Laclau, pareciera que lo político y todo gesto de emancipación se reducen al momento de producción de negatividad, de interrupción del normal funcionamiento del orden social, o de antagonismo. En este sentido, surgen dos líneas de reflexión.

En primer lugar, si sostenemos que la práctica política supone una des identificación para producir una identificación imposible, como se ha visto en el caso de las trabajadoras de la economía popular, la interrupción podría señalarse como un presente-futuro que entra en coalición con el mundo con el cual se antagoniza. Pero, esa producción de “negatividad”, de “antagonismo” o de una escena polémica no sólo se reduce al cuestionamiento y la crítica sin propuesta, sino a la puesta en cuestión demostrando a través de prácticas (lingüísticas y no lingüísticas) otro mundo posible, proponiendo otro mundo. Sobre esto es interesante recuperar la idea de “demandas”, “plenitud ausente” de Laclau y la discusión en torno a la negatividad/positividad. Se ha desarrollado que, en el nombre producido, las trabajadoras de la economía popular, se pone en cuestión los límites de la valoración del trabajo que realizan, se pone en cuestión inclusive el concepto de trabajo para ampliarlo, no a una simple transacción comercial (fuerza de trabajo por salario), sino a una práctica que (re)produce la vida.

Una de las críticas que se ha realizado a la subjetivación política desde estas perspectivas es que pueden derivar en desafección democrática y en estrategias políticas impotentes. No obstante, en el presente trabajo hemos demostrado como los efectos des -identificatorios (tanto del lugar designado en el orden social, como en la producción de un futuro otro) no se pelean con la política institucional, sino que proponen otra institucionalidad que en muchos casos fue posible. En este sentido, las trabajadoras de la economía popular, como nombre de una subjetivación política, sigue conllevando intervenciones que se orientan hacia el campo institucional, hacia el campo de la vida cotidiana, potenciando otros mundos posibles

V. Lista de referencias

Arruzza, C.; Bhattacharya, T.: Fraser, N. (2019). Feminismo para el 99%. Un Manifiesto. BuenosAires: RaraAvis.

Butler, J. (2019). Cuerpo aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Buenos Aires: Paidós.

Federici, Silvia (2018) El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo. Buenos Aires: Tinta Limón.

Fraser, N. (2016). ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la justicia en la era “postsocialista”. En J. Butler y N. Fraser. (Eds.), ¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo. Madrid: Editorial Traficantes de Sueños.

Gago, Verónica (2019). La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Buenos Aires: Tinta Limón, Colihue.

Laclau, E. (2014). Los fundamentos retóricos de la sociedad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica

Morales García, A. Montoya González, S., Maya Llano, N (2020). “Feminismos en América Latina y el Abya Yala. Trayectorias de acción y reflexión política”. En De Política Núm. 14 (8): Año 8, número 14, pp. 7-29

Muñoz, M. A. (2018). Las marcas de los sujetos en el Estado. Los trabajadores de la economía popular y las políticas públicas en la Argentina Reciente. Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, Nº 30, ene-jun, 2018, pp 85-128

Muñoz, M. A. (2019a). “Voluntades populares, voluntades laborales. El caso de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular.” Trabajo y Sociedad. Sociología del trabajo- Estudios culturales- Narrativas sociológicas y literarias. ISSN 1514-6871. Nº 32. Verano. Santiago del Estero. Argentina.

Muñoz, M. A. (2019b). Estrategias políticas y emancipación. Laclau discutiendo con Rancière. Simbiótica. Revista Eletrônica, 6(1), 12-45. Recuperado de https://periodicos.ufes.br/simbiotica/article/view/27193

Muñoz, María Antonia (Coord.)(2020). “Primer Informe Impacto territorial de las políticas de articulación local implementadas en el contexto del COVID19 en barrios populares del Partido de General Pueyrredón: capacidad de respuesta a las necesidades emergentes y propuestas para su fortalecimiento”. MINCYT. Disponible en: https://humanidades.mdp.edu.ar/primer-informe-del-proyecto-mincyt-federal-covid-19-desarrollado-en-el-ambito-de-la-facultad-de-humanidades/

Natalucci, A., Ríos , V., &Vaccari, S. (2020). Revisitando las intersecciones entre feminismo y sindicalismo. El caso de Mujeres Sindicalistas (Argentina, 2016-2019). Revista Estudios Psicosociales Latinoamericanos, 3(1). Recuperado a partir de https://journalusco.edu.co/index.php/repl/article/view/2579

Rancière, J. ([1995] 1996). El desacuerdo. Buenos Aires: Nueva Visión

Rancière, J. (2000). Política, identificación y subjetivación. In: ARDITI, Benjamín (Ed.). El reverso de la diferencia; identidad y política. Caracas: Nueva Sociedad. pp. 145-152.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Tinta Limón. https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf

Tassin, Etienne (2012). De la subjetivación política. Althusser/Rancière/ Foucault/Arendt/Deleuze. Revista de Estudios Sociales, (43),36-49.[fecha de Consulta 29 de Septiembre de 2021]. ISSN: 0123-885X. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81523250004

[1] Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET –CESP). Profesora de Sociología Institucional y Comunitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. [email protected]: https://orcid.org/0000-0003-2022-6974

[2] Ministerio de Desarrollo Social de la Naciòn. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-de-un-millon-de-personas-ya-se-inscribieron-en-el-renatep

[3] https://www.argentina.gob.ar/noticias/mas-de-100-mil-personas-ya-se-inscribieron-en-el-renatep

[4] Discurso de lanzamiento de la UTTEP, 21.12.215 Puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=6Hhh3sWD2Ps&ab_channel=FrentePopularDar%C3%ADoSantill%C3%A1n

[5] Como se verá esta opción entra en contradicción con las concepciones con las que se está tratando.

[6] Laclau, Ernesto (2014) Los fundamentos retóricos de la sociedad. Buenos Aires: FCE.

[7] “GRAN ASAMBLEA DE TRABAJADORAS DE LA ECONOMÍA POPULAR” https://ctepargentina.org/gran-asamblea-trabajadoras-la-economia-popular/

[8] En este link se puede leer el proyecto de ley: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=2723-D-2019

[9] Jackie Flores, integrante de la mesa nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales de la Ciudad de Buenos Aires, UTTEP. https://elgritodelsur.com.ar/2019/10/por-un-encuentro-con-la-economia-popular-adentro.html

[10] Recuérdese que en Argentina las medidas de aislamiento preventivo, social y obligatorio empezaron en marzo de 2020

[11] El spot se puede ver en https://www.youtube.com/watch?v=WxVNymUyIbA&feature=emb_logo

Notas de autor

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET –CESP). Profesora de Sociología Institucional y Comunitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. [email protected]